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El gobierno de Mendoza presentó en marzo en la Legislatura provincial un proyecto de ley para modificar el Código de Procedimientos Mineros. Desde la administración del radical cambiemita Alfredo Cornejo, sostienen que el objetivo es “modernizar normativas vigentes desde 1945 para agilizar los procedimientos y darle un fuerte impulso a la minería metalífera”, con epicentro en el departamento de Malargüe que se propone como una nueva meca para el extractivismo del cobre.

“Esta iniciativa viene a transparentar, a mejorar los procedimientos, sanciones y controles en una actividad que debe tener regulaciones claras y controles eficientes”, sostuvo en marzo el gobernador que desde Canadá, cuna de muchas de las más grandes multinacionales mineras, anunció la presentación de este proyecto.

Este martes 3 de abril, con 35 votos a favor, 10 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados provincial le dio media sanción al proyecto del Ejecutivo que actualiza el marco normativo de la minería en la provincia. “El Código de Procedimientos Mineros es el que reglamenta cómo aplicar administrativa y procedimentalmente el Código de Minería de la Nación. Así como existe un Código Penal Nacional y las provincias tienen los códigos de procedimiento penales, lo mismo sucede con este código”, sostiene Marcelo Giraud, asambleísta socioambiental de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza y docente, en diálogo con Canal Abierto.

Con la excusa de lo obsoleto del código vigente “Cornejo envió este proyecto de ley para -según ellos- modernizar, transparentar y agilizar los procedimientos relativos al otorgamiento y mantenimiento de las concesiones mineras de la provincia, de cómo los empresarios mineros titulares de concesiones deben ir avanzando hasta llegar a la eventual explotación de un yacimiento, y también de cómo se puede producir la caducidad de esas concesiones”.

“Quien venía fogoneando esta ley es Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente de la provincia -¡ups! lindo oxímoron ese ministerio-. Para eso logró el acuerdo de varios partidos que venían cabildeando en relación a la megaminería. La aprobación se dio con el apoyo de sectores del peronismo, del PRO, del oficialismo de la UCR, de Unión Mendocina (LUM) e incluso el voto del Partido Verde”, comenta en comunicación con Canal Abierto Ramón Gómez Mederos, ambientalista e integrante histórico de la CTA de la vecina San Juan. “La particularidad que tiene el problema del agua en la región es que las cuencas son compartidas y lo que suceda en Mendoza afecta también a San Juan y La Pampa”.

Entre quienes votaron en contra hay 6 diputados y diputadas de LUM, fuerza aliada a la Libertad Avanza, 3 del PJ y una diputada del Frente Renovador. El voto favorable más cuestionado fue el de Emanuel Fugazzotto, legislador por el Partido Verde, fuerte opositor al momento de presentarse esta reforma. “Sin dudas este código es mucho mejor del que llegó para el ambiente y eso es gracias al Partido Verde. Nunca fue una opción para nosotros esquivar los debates o abstenerse a todo como hacen algunos”, sostuvo en un extenso hilo publicado en la red social X justificando su decisión en la cámara.

No pasarán
Esta novedad puso en alerta a las organizaciones ambientales de una provincia que tiene el orgullo de haber detenido el avance de la megaminería. Primero, cuando en el año 2007 logró la sanción de la Ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias químicas tóxicas en los procesos mineros de forma de proteger y garantizar el agua, escasa en la región y fundamental para su economía. Y luego, en 2019, cuando el 23 de diciembre la “marcha más grande de la historia” de la provincia “en defensa del agua pura”, hizo retroceder al gobernador Rodolfo Suárez en su intención de modificarla.

“Desde las asambleas mendocinas por el agua pura la lectura que hacemos es ante todo política. Repudiamos este avance como punta de lanza de una política minera por parte del Estado provincial en absoluta sintonía con la política del Estado nacional y en continuidad con lo que venían llevando adelante los gobiernos anteriores, pero dando una vuelta de rosca, buscando facilitar y profundizar este modelo”, explica Giraud.

“Señalamos la ceguera y la obstinación del gobernador Cornejo y de sus funcionarios y legisladores en no querer aceptar lo que la ciudadanía mendocina ya les dijo de una manera muy contundente en diciembre de 2019: No queremos megaminería metalífera en nuestra provincia”.

Según la lectura de los asambleístas el Gobierno pretende apurar la exploración de decenas o cientos de áreas mineras, principalmente en el departamento de Malargüe, zona del sur provincial con menos áreas naturales protegidas. “Allí, gobierno y empresarios dicen que habría una supuesta licencia social para la práctica de la minería, pero esa licencia social no es tal, hay una importante proporción de la población malargüina que tampoco quiere megaminería”.

“Cualquier explotación que se realice en ese departamento pondría en riesgo las aguas de los ríos Atuel, que continúa por San Rafael y General Alvear y riega el oasis mendocino, y el Río Grande que es el principal afluente del Colorado e implica también a las aguas interprovinciales incidiendo en las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires”, describe el ambientalista.

Lithium Americas, Pan American Silver, Lundin Mining, Barrick Gold son algunas de las megamineras canadienses a las que Cornejo intenta abrir la puerta de la provincia. “En este ofrecimiento al capital transnacional minero Cornejo también anunció que iban a crear o pretenden crear el distrito minero Malargüe Occidental que comprende más de 200 concesiones mineras de las cuales más de 80 están en plena vigencia. Dentro de este área se encuentran los proyectos de exploración ya autorizados y en marcha de Cerro Amarillo, El burrero, Las Choicas y La Adriana. Justamente, en la cordillera malargüina amplias porciones corresponden al ambiente glaciar y periglacial, el mismo ambiente que el Gobierno Nacional pretendía eliminar de la Ley de Protección de Glaciares con la caída Ley Ómnibus”.

Aberración ambiental y jurídica
Para el distrito minero Malargüe Occidental, la intención del gobierno provincial es aprobar en bloque las concesiones. “Es un disparate jurídico, un atropello al derecho ambiental aprobar en bloque la exploración de todos los proyectos que se encuentren en ese distrito minero. Nosotros entendemos que las leyes ambientales requieren que cada proyecto pase por un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental específico y no se puede aprobar en bloque decenas o cientos de proyectos como si todos fueran lo mismo”, sostiene Giraud.

Una semana atrás se conoció la noticia de la reactivación del megaproyecto minero San Jorge, en Uspallata, que fue absolutamente rechazado por la ciudadanía mendocina e inclusive por la propia Cámara de Diputados en el año 2011. Los actuales concesionarios, capitales rusos, presentaron una nueva evaluación de impacto de un proyecto muy similar al anterior que ya fue rechazado. “Este proyecto pone en altísimo riesgo al principal oasis productivo de nuestra provincia donde vivimos más de la mitad de la población provincial. Hace 15 días fue reactivado administrativamente por parte del gobierno provincial cuestión que rechazamos absolutamente y nos motiva suma preocupación”, concluye el ambientalista.

Fuente: Canal abierto

Es una propuesta  concreta para erradicar una práctica nociva que afecta tanto al medioambiente como a la salud pública: el arrojo de colillas de cigarrillos en espacios públicos.

El objetivo principal de esta iniciativa es modificar una costumbre arraigada que contamina el aire, el agua y el suelo con sustancias tóxicas como la nicotina, la piridina y el benceno. Las colillas de cigarrillos, con su carga de hasta 7.000 sustancias nocivas, representan un grave problema ambiental al ser arrojadas al suelo y luego arrastradas por la lluvia hacia las alcantarillas, contaminando nuestras fuentes de agua.

Zárate, al igual que muchas otras ciudades, necesita urgentemente políticas públicas sustentables que promuevan un ambiente más saludable. El concejal Leandro Matilla, presidente del PJ Zárate, expresó que la iniciativa proviene de los propios vecinos que aportan sus inquietudes en la mesa de ambiente del PJ y enfatizó la importancia de tomar medidas concretas para minimizar el impacto negativo de estos desechos.

«Es crucial seguir impulsando medidas que reduzcan el impacto de los desechos de cigarrillos en el medio ambiente y en la salud pública», señaló Matilla, destacando la responsabilidad del partido de Zárate en contribuir a soluciones globales para este problema.

La ordenanza propuesta busca prohibir el arrojo de colillas de cigarrillos en espacios públicos en todo el territorio del partido de Zárate, así como establecer la instalación de contenedores especiales en áreas comunes de acceso público. También se requerirá a los comercios de esparcimiento y recreación la colocación de contenedores especiales en sus accesos.

Además de estas medidas de control, se implementará un Programa de Reducción de Colillas que incluirá campañas de concientización y difusión para educar a la población sobre el impacto ambiental y sanitario de desechar de forma inapropiada estos residuos.

La propuesta del bloque de Unión por la Patria representa un paso importante hacia un Zárate más saludable y sostenible, donde la protección del medio ambiente y la salud de sus habitantes son prioridades fundamentales.

Ante los más de 100.000 casos de dengue en Argentina el Estado focaliza —una vez más— en la responsabilidad individual y en las acciones hogareñas. Sin embargo, hay una explicación estructural (cambio climático) y otra nacional (sojización) que nos permiten analizar la proliferación del mosquito Aedes Aegypti con mayor profundidad. Es imprescindible comprender a los ambientes de manera sistémica e implementar, en consecuencia, políticas sanitarias con sentido territorial.

Sobre la complejidad de los ambientes

Una analogía para abordar la situación: los ambientes son como esos juegos inflables donde, a menudo, los niños se divierten en los cumpleaños. Mientras saltan y se hunden en una parte, ese aire se compensa indefectiblemente en otro lado, amplificando la masa en el extremo opuesto. La idea es, en términos cerrados, buscar el equilibrio para sostener la estructura.

Con los ambientes sucede algo similar. Con la diferencia de que se trata de sistemas complejos, abiertos, muchas veces frágiles y donde la intervención humana puede suponer, en algunos casos, un daño irreversible.

¿Ejemplos? Sobran. El agujero de ozono, con epicentro en el Polo Sur, fue ocasionado por emisiones de clorofluorocarbonos y óxidos nitrosos provenientes del Norte global. La lluvia ácida es producto de la emanación de gases de zonas industriales y es precipitada en espacios rurales a causa de la difuminación de los vientos. Una represa hidroeléctrica retiene agua para riego en Brasil y la cuenca baja del Paraná se queda sin el recurso hídrico en Argentina. El agente naranja: un potente químico utilizado por Estados Unidos durante la guerra de Vietnam para desfoliar la densa selva y así descubrir los escondites del Vietcong, generó malformaciones en niños durante décadas. Y así podríamos seguir hasta pasado mañana.
Acción-reacción. Explotación-respuesta. Intervención aquí-consecuencia allá. “Desarrollo” en un espacio y penurias en aquel otro. Las relaciones dialécticas que, como sociedad, establecemos con la naturaleza en el marco del capitalismo, son un tanto conflictivas.

Además de no cubrir “nuestras” necesidades —las de las mayorías—, sucede que muchas veces se explora, se explota, se utiliza mano de obra y se contamina para satisfacer el onanismo de unos pocos (podemos ver el circuito del oro para dar con un ejemplo). Porque, vamos a decirlo de una vez por todas, el mal manejo de los bienes de la naturaleza o la miopía en la lectura ambiental no obedecen a un desconocimiento ingenuo ni a una externalidad no deseada; sino que responde a una lógica estructural, a una ética centrada en la rentabilidad económica de corto plazo.

Sobre el dengue y su relación con los ambientes

El primer caso registrado de dengue en Argentina fue en 1916. Pasaron muchas décadas donde no fue noticia y casi no hubo infectados, hasta que en 1997 se vuelven a dar casos en el país por el ingreso de personas procedentes de Bolivia, cuando se reinsertó la problemática hasta nuestros días.

Todos los años, durante los meses de verano (y no tanto), leemos cifras cada vez más preocupantes de personas infectadas por el mosquito Aedes Aegyptiy; somos espectadores de una serie de recomendaciones que el Estado, mediante propaganda oficial, nos aconseja que llevemos a cabo en las tareas domésticas para que el insecto no se reproduzca.

Sabemos que el mosquito, hoy por hoy, es eminentemente urbano. Por eso debemos evitar dejar agua estancada en cualquier recipiente donde pueda dejar sus huevos. Eso está muy bien y hay que hacerlo, pero tenemos que ir un poco más atrás para entender el problema.

El Aedes Aegypti construye su ambiente de reproducción y acción en lugares cálidos y húmedos. Si maximizamos esa lógica, podríamos decir que esas condiciones han imperado, en términos naturales, en el litoral, el Chaco húmedo y las yungas. Sin embargo, si observamos el “mapa del dengue” de los últimos años, podemos identificar que la región del contagio se ha expandido hacia otros territorios, donde históricamente el insecto no revolaba ni de cerca. Y aquí es donde es importante centrar tres reflexiones para el debate: una estructural, otra territorial y una última sobre políticas públicas.
 

Estructural: el cambio climático como escenario

El cambio climático es una realidad, por más que ciertos personajes de la política nacional e internacional se esmeren en desconocerlo. Entre otras consecuencias, identificamos el borramiento de los límites entre las estaciones, temperaturas extremas y precipitaciones (o sequías) apocalípticas. Trasladado a la realidad que estamos relatando, el problema del dengue no lo hallamos solo en los meses de verano ni es exclusivo de las regiones subtropicales del país, sino que se encuentra más difundido en tiempo y espacio.

Vuelvo al juego del inflable: una situación sobre la que son responsables —primordialmente— los países, empresas y modos de consumo del Norte global, termina repercutiendo en territorios de países que no tienen tanta injerencia en las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

Territorial: el rápido reverdecer del dengue

En la cadena trófica, los principales depredadores del mosquito son los anfibios, peces y arácnidos, quienes han visto reducida su población sustancialmente debido al uso de agrotóxicos en los espacios rurales, los cuales son letales para ellos. Esta pérdida de biodiversidad, que no es solo un problema localsino internacional, se debe a prácticas intensivas de agricultura industrial, altamente tecnificada y con gran uso de herbicidas. En Argentina, el cultivo más extendido que representa dicho paradigma es la soja transgénica: «La sojización mantiene una doble línea de influencia sobre la expansión del dengue. Por un lado, el complejo de agrotóxicos utilizados para el sistema de la Siembra directa-soja transgénica, se basa en el uso masivo de glifosato, endosulfán, clorpirifos, 2-4D, atrazina, paraquat y otros pesticidas. Todos poseen una fuerte acción devastadora sobre la población de peces y anfibios, predadores naturales de los mosquitos, transmisores del dengue y la fiebre amarilla», escribió en 2009 el investigador y activista Alberto Lapolla.

Si comparamos el mapa de la superficie sembrada de soja en Argentina con el de casos de dengue en este 2024, nos encontramos con una —no tan llamativa— sorpresa. Basta con superponer ambas cartografías para dar cuenta de la coincidencia entre las provincias donde se desarrolla el cultivo en mayor medida y la cantidad de afectados en centros urbanos cercanos.

El biólogo Raúl Montenegro, premio Nobel Alternativo y titular de la Fundación para la Defensa del Ambiente sostiene: “El mapa de los desmontes y monocultivos, muy especialmente de soja, y el mapa de la enfermedad, tienen sugestivas coincidencias. Los ambientes simplificados a fuerza de topadoras, plaguicidas y malos gobiernos crearon condiciones propicias para la expansión desenfrenada del vector. Irónicamente, cada vez que en algún sector urbano se pulveriza plaguicida desparece una parte de la población adulta de Aedes Aegypti. Pero también mueren insectos y arácnidos que ayudaban a reducir sus poblaciones. La pulverización puede incluso destruir los organismos acuáticos que consumen larvas de mosquito”.

Al tener menos predadores naturales y al sostenerse temperaturas y precipitaciones acordes al verano, el Aedes Aegypti «campea a sus anchas» y se reproduce en ambientes urbanos, afectando a la población que allí vive. Seguimos con el paralelismo del juego infantil: fumigaciones en el campo, repercusiones en la ciudad.

Política pública: la necesidad de atender las causas antes que las consecuencias

Frente a la andanada de casos de dengue en nuestro país, el Estado pareciera aplicar las mismas recetas de siempre, con el agravante de que, como sucede con otros temas, el gobierno central desatiende el problema echando culpas a la administración anterior o diciendo que la vacuna es tardía y tiene dudosa efectividad. Se suma una casi nula difusión de recomendaciones en los medios de comunicación y la desresponsabilización de afrontar una campaña de inoculación (con impresentables argumentos por parte del vocero presidencial). Pedirle a un gobierno de negacionistas que nos cuide es un oxímoron. Pero no se debe claudicar en el análisis interpretativo y holístico para comprender el fenómeno en términos sistémicos: las acciones individuales son importantes, pero no alcanza con ellas.

Para afrontar el problema es imprescindible que las políticas públicas no sean solo sanitarias, sino de gestión territorial y de prohibición del uso de agrotóxicos en los espacios rurales para garantizar el cuidado de los ecosistemas y recuperar la senda de las cadenas tróficas. Con esta perspectiva no solo se construirá una mirada ambiental más armónica, sino que hasta se ahorraría en presupuesto público. Solo falta decisión política.

Fuente: Agencia Tierra Viva

/por María Victoria Agnes

La crisis climática es una realidad innegable que está transformando nuestro
mundo de manera alarmante. La semana pasada, nuestra ciudad salió en los medios nacionales debido a la caída de granizo de grandes dimensiones y el desprendimiento del techo de la Escuela Técnica N°2. Cada vez con mayor frecuencia, presenciamos eventos climáticos extremos que desafían la capacidad de las comunidades y sus ciudades para adaptarse y recuperarse.
Desde hace una semana que el Servicio Meteorológico Nacional está emitiendo alertas naranjas debido a estas tormentas y vientos intensos que pueden ocasionar daños materiales y hasta físicos a las propias personas. Es innegable que el impacto del cambio climático se hace sentir en todos los rincones del planeta, y está última semana ha sido noticia en nuestra región. Lo que solía ser un fenómeno meteorológico regular y predecible ahora se ha vuelto impredecible y peligroso. Las calles se transforman en torrentes de agua, arrastrando consigo todo a su paso, mientras que el granizo cae del cielo como piedras, destrozando cultivos, vehículos y todo tipo de estructuras.
Nuestros medios locales difundieron los destrozos que atravesó nuestra zona y la desesperación de los vecinos de las zonas más afectadas. Las inundaciones repentinas y los fuertes vientos golpearon con fuerza a los barrios más vulnerables, exacerbando las profundas desigualdades estructurales. El agua se convirtió en una fuerza destructiva que
inundó todo a su paso. Los hogares de los vecindarios más alejados del centro, carentes de un adecuado sistema de drenaje, terminaros aislados y devastados tras el desborde de los arroyos aledaños. Los barrios Otamendi y San Cayetano son algunos de ellos, donde los vecinos continúan pidiendo ayuda al Municipio para paliar esta grave situación.
Pero estas inundaciones no fueron el único desastre que golpeó a Campana. El viento, arrasó con árboles y estructuras como la del techo de la Escuela Técnica N°2 Generala Juana Azurduy, del barrio Malvinas. Afortunadamente, no hubo heridos, pero si enormes daños materiales, como la pérdida de 60 computadoras que pertenecían al colegio y que, en este contexto de recesión y brutal ajuste, serán difíciles de restaurar. Por otro lado, como si esto no fuera suficiente, enormes piezas de granizo cayeron del cielo destrozando todo a su paso. Vehículos, establecimientos educativos y domicilios particulares quedaron irreconocibles. Muchas zonas también quedaron sin suministro eléctrico debido a las roturas en el tendido eléctrico por la caída de árboles.
Cabe enfatizar que, una vez más, son las comunidades más marginadas y los barrios más carenciados los que pagan el precio más alto por los errores de una sociedad que ha priorizado el crecimiento económico. Mientras que aquellos sectores con más recursos económicos pueden permitirse protegerse y reconstruir sus viviendas, otros sectores se encuentran en la desesperación de salvar las pocas pertenencias que pueden.
Estas inundaciones no son hechos aislados, sino que están directamente vinculados con la deforestación masiva, la urbanización mal planificada y el avance de barrios privados sobre los humedales.
Mientras tanto, el gobierno local y provincial se enfrentan a una carga económica abrumadora para hacer frente a la crisis. Los recursos limitados, que están siendo recortados por el Poder Ejecutivo Nacional, dejan un escenario de incertidumbre y angustia colectiva. Con un Presidente que cree que el cambio climático es un invento del socialismo y que ha disuelto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, resulta difícil imaginar que pueda implementar políticas públicas para prevenir estos desastres.
Por otro lado, más allá de las pérdidas inmediatas materiales, es fundamental
remarcar que la crisis climática también tiene un impacto económico a largo plazo. Los costos de reconstrucción y reparación son enormes, y la economía local se ve gravemente afectada.
En este sentido, la crisis climática no es solo una cuestión ambiental, sino también una cuestión social y económica. Las comunidades con menos recursos económicos son las más afectadas, tanto en términos de pérdidas materiales como de impacto en la salud y el bienestar. Por eso, es fundamental que se tomen medidas urgentes de adaptación en nuestra ciudad para paliar estos escenarios y fortalecer la resiliencia de las ciudades. Esto implica aumentar la inversión en infraestructura básica adaptada a estos fenómenos, así como la implementación de programas de protección social para apoyar inmediatamente a las comunidades afectadas. En medio de una crisis económica, debemos priorizar a quienes no tienen los recursos para enfrentar la destrucción y las pérdidas materiales.
En definitiva, la crisis climática es un desafío global, pero nos afecta localmente cuando ocurren estos terribles acontecimientos. Por eso, necesitamos tomar medidas concretas urgentes para prevenir estos eventos que, lamentablemente, cada vez serán más comunes

En un fallo dividido, la Corte de Justicia de Catamarca ordenó al gobierno de la provincia paralizar la actividad minera en el Salar del Hombre Muerto, a raíz de una acción de amparo ambiental que había iniciado en 2021 el cacique Román Elías Guitian. Puntualmente, la Justicia instó al gobierno a que se abstenga de otorgar nuevos permisos y/o autorizaciones en la zona del río Los Patos hasta que se realice un nuevo estudio de impacto ambiental “acumulativo e integral” por todos los proyectos de litio que se desarrollan en la zona.

La resolución, a la que accedió Infobae,impacta de lleno en los intereses económicos de una actividad extractivaconcentrada en un recurso como es el litio. Ahora, el gobierno y las empresas deberán trabajar en los estudios de impacto ambiental para que se defina si la actividad puede o no continuar su desarrollo.

La demanda había sido iniciada por Román Elías Guitian, por derecho propio y en representación de la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano, con el patrocinio letrado del defensor Público Oficial, promueve acción de amparo ante el Juzgado Federal sito en la provincia de Catamarca en contra del Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) y de la provincia de Catamarca.

La presentación exigió que se ordene a la provincia de Catamarca revocar los decretos y las resoluciones ministeriales que autorizaron los proyectos mineros “Ampliación de proyecto Fenix” y “Sal de Vida”, de las empresas Livent (Minera del Altiplano SA) y Galaxi Lithium SA, respectivamente, y de todo otro proyecto de litio que esté situado en la Subcuenca Salar del Hombre Muerto -compartida entre las provincias de Salta y Catamarca-, hasta que se haya realizado una evaluación de impacto ambiental interjurisdiccional y acumulativa y se determine la línea de base ambiental de las Subcuencas del Hombre Muerto y Carachi Pampa-Incahuasi o Punilla, con la debida participación del Consejo Federal de Ambiente y la Subsecretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas del Estado Nacional, y el derecho de consulta y participación, en todas las etapas, de la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano.

La demanda del cacique Román Elías Guitian

Según resaltó, la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano, que encabeza, se encuentra ubicada en el Salar del Hombre Muerto y sus alrededores en el departamento de Antofagasta de la Sierra. Afirmó que según la Constitución Nacional corresponde a las provincias el ejercicio del poder de policía ambiental por ser titulares del dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, e hizo hincapié en la Ley de Protección Ambiental para la Actividad Minera N° 24585.

En ese sentido el cacique aseguró que “Catamarca ha autorizado los proyectos mineros cuestionados en la Cuenca del Salar del Hombre Muerto sin respetar la normativa aplicable, pues no se proveyó a la población información sobre los proyectos como tampoco ha garantizado su participación y consulta pública ni realizado la evaluación de impacto ambiental”. Al tiempo que agregó: “Se ha omitido considerar la interjurisdiccionalidad involucrada por ubicarse la Cuenca del Salar del Hombre Muerto, a la que pertenece la Subcuenca del Río de Los Patos, entre las provincias de Salta y de Catamarca”.

La demanda resaltó también que el Estado Nacional “ha incumplido con los deberes a su cargo de garantizar la efectividad y ejercicio de los derechos de los pueblos originarios, reconocidos en los tratados de Derechos Humanos » y señaló que el Consejo Federal de Ambiente (COFEMA) tiene como función el estudio del impacto ambiental. “En la zona afectada existen diferentes tipos de glaciares, donde corresponde intervenir a la Nación”, se añadió

Y en una nueva presentación de abril del 2023, con otra representación legal, el cacique amplió la demanda denunciando nuevos hechos e insiste se conceda la medida cautelar peticionada.

La resolución de la Justicia catamarqueña que suspende la actividad minera

El caso fue analizado por la Corte de Justicia de la provincia, integrada por los jueces María Fernanda Rosales Andreotti, Carlos Miguel Figueroa Vicario, Fabiana Edith Gómez, José Ricardo Cáceres, Rita Verónica Saldaño, Néstor Hernán Martel y Marcela Isabel Soria Acuña, como ministra subrogante.

“Estimo que no pueden pasar inadvertidos los derechos que en la presente causa se encuentran comprometidos. En efecto, creo fundamental, en esta instancia inicial, dadas las particularidades del caso, poder compatibilizar economía y naturaleza, pieza fundamental en el desarrollo económico sostenible”, dijo la jueza Rosales Andreotti. “De las constancias de autos surge que efectivamente se están desarrollando diversos proyectos mineros cuyas consecuencias impactan en idéntica zona; esto, sin el debido estudio de impacto ambiental acumulativo e integral. En esta inteligencia y con el objetivo señalado -compatibilizar economía y naturaleza-, considero pertinente dictar una medida conducente a los fines de resguardar el medio ambiente sin entorpecer la actividad desplegada, con lo que ello implica en la economía local”.

Según la jueza, “en este razonamiento y dadas las circunstancias expuestas, me inclino por hacer lugar parcialmente a la medida precautoria peticionada. En consecuencia, por un lado, propicio rechazar el pedido respecto a suspender los efectos de los permisos y autorizaciones concedidas en relación a los proyectos que se están desarrollando. Por otra parte, entiendo que sí resulta imperioso ordenar al Ministerio de Minería de la provincia a realizar con carácter urgente el respectivo estudio de impacto ambiental integral y acumulativo, en la zona bajo litigio, el que deberá ser amplio y versar sobre todos los puntos que sean necesarios a los fines de resguardar los derechos protegidos constitucionalmente”. También dispuso “darse efectivo cumplimiento al acceso a la información en todo lo que sea requerido, tanto a los ciudadanos del departamento Antofagasta de la Sierra como a los integrantes de la Comunidad aborigen Atacameños del Altiplano”.

El juez Figueroa Vicario, a su turno, también propuso admitir parcialmente la medida cautelar. Su postura fue acompañada por sus colegas Gómez, Saldar, Martel y Acuña. “Todos los proyectos mineros, en sus diferentes etapas, inciden sobre la misma zona, y no se advierten acciones tendientes al estudio de impacto ambiental de forma integral y acumulativa, como lo exige a modo de presupuesto mínimo la materia ambiental, a fin de poder conocer la situación real y potencialmente riesgosa o dañina”, afirmó.

Tras subrayar principios del derecho ambiental, legislación vigente en nuestro país y jurisprudencia y doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el juez explicó que se encuentra constatado el daño ambiental, en el río Trapiche. “Surge por las autorizaciones concedidas a la minera proyecto Fénix para construir una represa de agua para captar agua del Río Trapiche y utilizarla en su producción, existe alteración del mismo y del ecosistema de la zona por la inexistencia de cause de agua, debido a su sequía como consecuencia directa del desarrollo de la actividad minera y que se encuentra en proceso de restauración, según el informe brindado por la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera”, se detalló. El voto también reseñó que se constata la existencia de 6 proyectos mineros para la extracción de litio, ubicados en la Cuenca del Río de Los Patos – Antofagasta de la Sierra: Fénix, Sal de Vida, Sal de Oro, Virgen del Valle Litio, Candelas, Candelas Oeste. 

A su turno, el juez Cáceres opinó que “deben suspenderse temporalmente los efectos de permisos y autorizaciones otorgadas, ello hasta que se complete y evalué adecuadamente el impacto ambiental que el conjunto de proyectos pueden generar en la zona” buscando “un razonable equilibrio entre el desarrollo económico con la protección del medio ambiente, garantizando que las actividades humanas no causen daños irreversibles al entorno”.

En la parte resolutiva, el tribunal se declaró competente para entender en la causa, declaró formalmente procedente la acción de amparo ambiental promovida, ordenó publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario local, por tres días la existencia de la tramitación de la presente causa conforme los lineamientos fijados en el art. 16 de la Ley 5034. Y dispuso “hacer lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada”.

“En consecuencia, ordenar al Ministerio de Minería de la Provincia de Catamarca – Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera, en calidad de Autoridad de Aplicación de la Ley Nacional Nº 24585 de Protección Ambiental para la Actividad Minera y la Ley Nº 25675, a la realización de un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral del desarrollo de la actividad minera (litio), que deberá versar sobre el impacto ambiental acumulado sobre el Río Los Patos – Salar del Hombre Muerto – Dpto. Antofagasta de la Sierra, sobre el paisaje, la fauna y flora del lugar, el clima y el ambiente en general, como las condiciones de vida de los habitantes del lugar y de la comunidad indígena afectadas”, ordenó.

En ese contexto el máximo tribunal de Catamarca pidió “brindarse el libre acceso a la información, como su consecuente participación a la Comunidad aborigen Atacameños del Altiplano y a los miembros de la localidad afectada -Antofagasta de la Sierra”. También dispuso que “deberá abstenerse el Ministerio de Minería de la Provincia de Catamarca y el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, de otorgar nuevos permisos/autorizaciones, o declaración de impacto ambiental (en los términos del Código de Minería y Ley de Aguas de la Provincia) con respecto a obras u actividades en el Río Los Patos – Salar del Hombre Muerto – Dpto. Antofagasta de las Sierras, hasta tanto se cumpla con la realización del estudio de impacto ambiental acumulativo e integral.

Fuente: Infobae

Una nota del medio británico The Guardian advirtió que la flora y la fauna del Delta del Paraná están dejando paso a los desarrolladores inmobiliarios, que desde hace un tiempo se encuentran construyendo playas privadas, helipuertos y spas. 

“Las islas están siendo tomadas por la fuerza y ​​nuestra gente está siendo desechada”, afirmó Pedro Andino, un hombre de 80 años que vivió toda su vida allí. «Mientras que los isleños ven el delta como el cuarto pulmón de la Tierra, los promotores inmobiliarios lo ven como una oportunidad, y Andino dice que la población y los animales locales están siendo expulsados», expresó en su nota Harriet Barber sobre el fenómeno de avance. 

Luego agrega que los desarrolladores describen las parcelas del Paraná como el «Miami del Sur», conformando un espacio de comunidades cerradas y casas de lujo. «El terreno, uno de los deltas fluviales más grandes del mundo, con una extensión de más de 17.500 kilómetros cuadrados, ha sido dividido para crear playas privadas, spas y helipuertos», dice el texto.

Luego recoge nuevamente el testimonio de Andino, quien aseguró que la casa de su padre se incendió, al igual que la de muchos de sus vecinos. 
 

«El cuarto pulmón de la Tierra», como se caracteriza a esta zona repleta de animales y plantas de todo tipo, es un humedal que regula el clima, actúa como sumidero de carbono y también almacena agua. 

«Los desechos industriales y los vertidos agrícolas han contaminado el agua, y la deforestación desenfrenada ha alterado la humedad , reduciendo el agua que fluye por sus arroyos. Los incendios provocados casi en su totalidad por humanos se salen de control cada año y han quemado 1.235.000 hectáreas (3.051.751 acres) desde 2020 según Greenpeace», explica Barber. 

Además, aseguran que su fisonomía natural ha cambiado por la forestación, la sustitución de pasto para ganado y el uso de pesticidas que contaminan el agua, además de matar a las abejas. 

“Somos el cuarto pulmón del mundo. Nuestro delta le da oxígeno al planeta, pero hoy lo están dañando terriblemente”, dijo entrevistado por el medio británico Juan Carlos García, un isleño de 70 años.

Nuevas construcciones y repoblación en el Delta

«A medida que los ricos se mudaron, se instalaron servicios públicos como electricidad, pero algunos isleños dicen que se les ha bloqueado el acceso a ellos», remarca The Guardian. Luego refiere que los dragados que requieren las construcciones de comunidades pueden aumentar la posibilidad de inundaciones.

Sofía Astelarra, profesora de la Universidad de Buenos Aires, le dijo al medio que a partir de los 2000 comenzó una intensa repoblación de las islas. “Querían pagarme por mi casa, pero yo no quería venderla”, relató otro habitante del lugar, Miguel Galloro. Esa vivienda finalmente quedó destruida. El hombre afirmó que fue pescador toda su vida pero le quitaron su bote y sus redes, impidiéndole el paso. 

«En toda América Latina, los humedales han disminuido aproximadamente un 35% en 50 años y, a nivel mundial, están desapareciendo tres veces más rápido que los bosques», explica la periodista en su nota. También agregó que los desarrolladores inmobiliarios no quisieron responder preguntas al respecto, 

Los humedales y el gobierno de Milei

Barber también recogió el testimonio de la abogada y directora de biodiversidad de la Fundación Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ana Di Pangracio, quien afirmó que en el país no hay deseo de proteger los humedales. 
 

«Este gobierno será difícil: corremos el riesgo de sufrir una regresión en la protección del medio ambiente, como la ley sobre los bosques y los glaciares», dijo Di Pangracio a  The Guardian.“Y la ley de humedales tiene fuertes grupos de presión en contra: bienes raíces, agricultura, minería”, agregó. 

Por otro lado, el texto afirma que los poderes económicos en el país son más fuertes, incluso, que la propia ley. “Se aprovechan de nosotros porque somos vulnerables. Es nuestro deber proteger esta tierra. El delta debe ser la tierra del pueblo”, cerró uno de los isleños. 

 

Fuente: Información extraída de la nota Carved up and sold off: developers plan a ‘new Miami’ in Argentina’s nature-rich wetlands

Durante el 2023, Geocycle Argentina, empresa perteneciente a Holcim y líder global en soluciones circulares e innovadoras para la gestión sustentable de los residuos, además de cumplir 25 años en Argentina, inauguró una planta de recuperación de plásticos post consumo en la que invirtió U$S1,5 millones; y puso en marcha la 2° línea de la estación de clasificación de residuos sólidos urbanos (RSU´S) en la ciudad de Córdoba con una inversión de U$S7 millones, para poder procesar residuos y evitar así su enterramiento.

Además, revalorizaron un 40% más de residuos con respecto al 2022, el equivalente a la conservación de un bosque de 13 mil árboles. También, la transformación de los mismos, que provienen de diversas actividades y procesos productivos se incorporan al proceso de fabricación del cemento. Esto permite a Geocycle asegurar que el 100% del contenido mineral y energético sea integrado sin generar cenizas ni subproductos.

A su vez, durante el pasado año y a nivel nacional, se gestionaron y revalorizaron más de 4800 toneladas de neumáticos Fuera de Uso (NFU’s), aproximadamente a más de un millón de cubiertas, un producto muy contaminante, que tarda más de 600 años en descomponerse.

En la Argentina, Geocycle cuenta con más de 160 convenios, entre municipios y ciudades del país para el coprocesamiento de sus RSU´s / los NFU’s y más de 260 empresas a las que gestiona sus residuos.

Con respecto a los resultados obtenidos e hitos logrados durante el 2023, Florencia Martin, Gerenta de Geocycle Argentina, enfatizó que “el trabajo realizado el pasado año permitió alcanzar acuerdos con grandes clientes, con los que trabajamos en conjunto para que puedan lograr sus objetivos de sustentabilidad. A partir de estos vínculos, no solo recuperamos residuos, sino que trabajamos en la certificación de neutralidad de plásticos. Por eso creemos que se viene un 2024 muy desafiante, con proyección creciendo en las tasas de sustitución, con más inversiones en las plantas, con adecuación de tecnología para poder procesar otro tipo de residuos y ampliar la gama de servicios”.

El coprocesamiento se trata de una manera sustentable de gestionar los residuos. Consiste en el aprovechamiento de su valor energético y contenido mineral para lograr la total integración al proceso de producción del cemento, sin dejar ningún tipo de residuo. En el caso de los neumáticos, al estar fabricados con material no biodegradable, permanecen como basura por muchos años, generando serios problemas ambientales y de salud por lo que deben ser dispuestos de una forma responsable, segura y ambientalmente sostenible. La tecnología del coprocesamiento es parte de la economía circular, ya que recupera energía mediante el reciclaje y contribuye a la disminución de las emisiones de CO2.

Los análisis bacteriológicos desde hace más de un mes indican que el agua está contaminada con bacterias dañinas para el consumo humano.

Se hallaron bacterias coliformes, las cuales son encontradas en el tracto digestivo del hombre u otros animales. Por otro lado, hay contaminación del grupo de bacterias KEC. Estás ultimas, son tres géneros de microorganismos frecuentemente asociados a infecciones hospitalarias.

El primer análisis bacteriológico realizado por la Secretaria de Ambiente Municipal, data del 8 de enero del corriente año y los resultados se emitieron el 12/1. El documento está firmado por el Dr Alfredo Fortese, director del Hospital Virgen del Carmen y Marcelo Pastore, Subsecretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Municipio de Zarate. 

Desde la emisión de los resultados que la dirección del nosocomio local estaba al tanto de la situación. Pues se brinda documentación para el saneamiento de la red de agua propia.

Según pudo averiguar este medio en exclusivo, hoy miércoles 28 de febrero se habría procedido a la limpieza del tanque de agua.

En diálogo con autoridades de la Subsecretaría de Ambiente de Zarate manifestaron que mensualmente realizan el análisis. De esta manera se informó el 12 de enero sobre la irregularidad y el protocolo a seguir. De igual manera, el 21 de febrero se procedió a tomar muestras nuevamente del agua y los resultados emitidos el 27/2 volvieron a arrojar que el agua está contaminada. En este sentido, el municipio alertó a las autoridades del Hospital sobre esta situación y reiteró las recomendaciones para la desinfección. 

Corre la Voz pudo averiguar que hasta el momento no se habrían tomado medidas preventivas para evitar la ingesta del agua ni la manipulación de la misma. Asimismo, varios profesionales de la salud manifestaron cuadros gastrointestinales que evidenciaron estar relacionados con el consumo de agua contaminada en el Hospital Provincial.

Por otra parte, Aguas de Zarate puede tomar intervención si se trata de la red pública de agua, pero en el caso del Hospital Provincial se trata de un pozo exclusivo de la institución, donde el mantenimiento es únicamente del Hospital y Aguas de Zárate no tiene injerencia.

¿Por qué la dirección del Hospital espero más de un mes para tomar medidas habiendo dos advertencias por agua contaminada?

John McKivison, de 49 años, a quien le diagnosticaron linfoma no Hodgkin, demandó a la compañía, diciendo que desarrolló el cáncer después de usar Roundup en su propiedad durante dos décadas, dijeron sus abogados del bufete de abogados Kline & Specter en un comunicado de prensa este lunes.
El jurado emitió su veredicto, que incluye US$ 2 mil millones en daños punitivos, en el Tribunal de Apelaciones Comunes de Filadelfia este viernes después de concluir que Roundup “es un producto defectuoso que causa cáncer, que Monsanto fue negligente y que Monsanto no advirtió sobre los peligros” del herbicida, dijo el bufete de abogados.

«El veredicto unánime del jurado fue una condena de 50 años de mala conducta por parte de Monsanto y una declaración de que su mala conducta fue un desprecio imprudente por la seguridad humana y una causa sustancial del cáncer de John McKivison», dijeron los abogados de McKivison, Tom Kline y Jason Itkin, en una declaración.

Bayer, que adquirió el gigante agroquímico Monsanto en 2018, dijo que apelará el veredicto y cree que podrá eliminar o reducir la “indemnización por daños inconstitucionalmente excesivos”.

Cientos de pacientes con linfoma no Hodgkin comenzaron a demandar a Monsanto después de que un informe de la Organización Mundial de la Salud de 2015 sugiriera que el glifosato, el ingrediente clave del Roundup, podría causar cáncer.

El informe, elaborado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS, dice que el glifosato es «probablemente cancerígeno para los humanos «.

Pero Monsanto ha seguido vendiendo el herbicida. Sostiene que Roundup no causa cáncer y ha refutado el informe de la IARC, diciendo que los estudios que dicen que el glifosato es seguro lo superan en número.

La Agencia de Protección Ambiental de EEUU dijo en 2020 que no había encontrado “ningún riesgo preocupante para la salud humana cuando el glifosato se usa de acuerdo con su etiqueta actual” y que es “poco probable que la sustancia química sea un carcinógeno humano”. La Comisión Europea también determino el año pasado que “no hay evidencia para clasificar el glifosato como cancerígeno”.

La Sociedad Estadounidense del Cáncer dice que se desconoce la causa de la mayoría de los linfomas, pero el linfoma no Hodgkin se ha relacionado con factores de riesgo, incluida la exposición a ciertas sustancias químicas en herbicidas e insecticidas. La organización señaló que la investigación para “aclarar” los posibles vínculos aún está en curso.

A lo largo de los años, la compañía con sede en Alemania pagó más de US$ 10 mil millones en acuerdos a miles de pacientes con cáncer y sus herederos que han demandado a Monsanto, alegando que Roundup causa linfoma no Hodgkin y acusando a la compañía de no advertir adecuadamente a los consumidores sobre el riesgo.

Muy pocas de las demandas por Roundup fueron a juicio. En los casos de los pacientes con cáncer Dewayne Johnson, Edwin Hardeman y Alva y Alberta Pilliod, los jurados se pusieron del lado de los demandantes y les otorgaron decenas de millones (e incluso miles de millones) de dólares, aunque los jueces luego redujeron esas cantidades, diciendo que eran demasiado excesivas.

Fuente: CNN en español, Holly Yan y Danny Freeman de CNN contribuyeron a este informe

Un devastador incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces, Chubut, ya arrasó con 1036 hectáreas de bosque nativo. Se cree que las llamas iniciaron el pasado jueves por la noche y este fin de semana, a raíz de las altas temperaturas, crecieron en magnitud.

Pese a los intentos de las autoridades por controlar el fuego, este no da tregua y fuentes oficiales aseguraron que la situación está «fuera de control». Ignacio Torres, gobernador de la provincia, apuntó contra los integrantes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

La Secretaría de Ambiente de la Nación informó que el incendio comenzó como consecuencia de dos focos ígneos que se encontraban próximos. Por su parte, la administración del Parque Nacional Los Alerces indicó el sábado por la noche que el fuego sigue activo y lleva afectadas unas 579 hectáreas.

“El incendio abarca dos jurisdicciones (Parques Nacionales y Provincia del Chubut). A los trabajos planificados en la mañana de hoy se le sumó operación con maquinaria vial”, detalla el comunicado.

Asimismo, adelantaron que para este domingo el Comando Unificado “destinará 87 combatientes a la línea, 2 aviones hidrantes, 2 helicópteros con helibalde, y 1 avión de observación”, como así también se requerirá “más personal” al Servicio Nacional de Manejo del Fuego para reforzar las labores y combatir las llamas.

Qué dijo el gobernador de Chubut sobre el incendio forestal

“Lo más preocupante de todo es que hay indicios de que fue intencional el incendio”, afirmó Ignacio Torres, quien arribó este domingo a Esquel para coordinar el operativo. Y agregó: “Una vez controlado el incendio, vamos a empezar con una investigación muy fuerte para quiénes hacen esto desde hace muchos años en Chubut. Lo hacen para tomar tierras”.

El gobernador puso como ejemplo que en estos momentos “hay una toma en el Parque Nacional Los Alerces” y aseguró que “ese parque se tiene que desalojar cuanto antes”.

“Vamos a ir a fondo con las herramientas que tenemos en la Justicia para primero desalojar a los delincuentes que hoy están ocupando nuestro Parque Nacional Los Alerces y también para dar con quiénes iniciaron este incendio», aseveró.

Al referirse a la ocupación de Los Alerces, el gobernador aclaró: “Yo quiero separar entre lo que son las comunidades originarias, que nosotros estamos trabajando muy bien y de hecho tuvimos una reunión hace poco para crear un un consejo que permita terminar con el relevamiento que hay que hacer en la provincia; y lo de que es la RAM, que básicamente son unos chantas”.

Y añadió: “Son delincuentes que tienen un negocio inmobiliario y que hacen estas cosas. Entonces el problema no son los pueblos originarios sino estos delincuentes que bajo falsas banderas toman tierras. Lo hacen en Neuquén, lo hacen en Río Negro, lo hacen en Chubut y creo que es momento de ponerle un parate definitivo”.