Autor: redaccion

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el presidente Javier Milei firmó el decreto convocando a sesiones extraordinarias del Congreso, que se extenderán del 10 al 30 de diciembre. Entre otros proyectos, en el temario se incluirá la “adecuación” de la Ley de Glaciares.

Aunque todavía no se conoce el texto del proyecto, los funcionarios que defienden la modificación de la ley insisten en la necesidad de revisar el concepto de “ambiente periglacial” incluido en la norma. Se trata de áreas donde no necesariamente hay glaciares y que se caracterizan por la presencia de suelo congelado y ciclos de congelación y descongelación del terreno. 

Según Milei, la idea del proyecto fue del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Además, la iniciativa cuenta con el apoyo de los otros 3 gobernadores que forman parte de la Mesa del Cobre: Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy).

Frente al avance del Ejecutivo, 25 organizaciones emitieron un comunicado que se tituló “Sin agua no hay desarrollo posible: razones por las cuales la Ley de Glaciares no debe modificarse”. En el texto, plantearon que “cualquier intento de retroceder en la protección y conservación del ambiente debe ser considerado ilegal e inconstitucional”.

Qué dice la Ley de Glaciares

La ley -sancionada en 2010- define como glaciar a toda masa de hielo, estable o que fluye lentamente, con o sin agua en su interior. Según la norma, en alta montaña, el ambiente periglacial comprende áreas con suelos congelados que actúan como reguladores del recurso hídrico, y en media y baja montaña a las zonas con suelos saturados en hielo que también cumplen funciones de reserva del agua. 

En el artículo 6, la ley impide la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias, la construcción de obras o infraestructura que pueda modificar la dinámica natural del hielo o la calidad del agua, y el almacenamiento o manejo de sustancias tóxicas. 

Además, con el objetivo de individualizar todas las reservas hídricas existentes, la norma creó el Inventario Nacional de Glaciares, que debe actualizarse cada 5 años como máximo. Esta tarea es del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), un organismo que depende del Conicet. 

Cuántos glaciares hay en Argentina 

El primer informe del Inventario Nacional de Glaciares se presentó en 2018. Según el relevamiento, en Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo cuya superficie, cercana a los 8.484 kilómetros cuadrados, equivale a 41 veces a la Ciudad de Buenos Aires. La inmensa mayoría se encuentra en la Cordillera de los Andes y solo 890 en las Islas del Atlántico Sur. 

La primera actualización se presentó en 2024, pero solo con datos de la región Andes Desérticos (Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y el norte de San Juan) y se espera que en el corto plazo se den a conocer los datos de la región Andes Central (sur de San Juan, Mendoza y norte de Neuquén). 

El inventario relevó solo glaciares mayores a una hectárea y, dentro del ambiente periglacial, únicamente a los glaciares de escombros (cuerpos de hielo cubiertos por fragmentos de roca) porque son los que pueden identificarse mediante imágenes satelitales y verificación en campo. 

Argumentos a favor de la modificación 

Bernardo Parizek, biólogo de la Universidad Nacional de Córdoba y magister en Evaluación de Impacto Ambiental de la Universidad de Málaga, sostuvo a ADN Sur que la creación del inventario fue un acierto, pero cuestionó que la norma incluyera una amplia protección a un ambiente periglacial al que califica de “indefinido”, lo que generó que esas áreas se conviertan “en terreno fértil para que abogados no especializados y organizaciones puedan bloquear cualquier proyecto”. 

Parizek subrayó que comparte la preocupación sobre las reservas de agua dulce, pero considera que la protección al ambiente periglacial “tiene una fuerte carga ideológica”. “Más del 60% del manejo ineficaz del agua en la cordillera se explica por la actividad agrícola y resulta que el principal monstruo es la minería que ha creado sistemas de recirculación y formatos de estándares de calidad”, agregó. 

En una línea similar se expresó Eddy Lavandaio, geólogo y defensor del impulso de la actividad minera. Según el experto, el ambiente periglacial protegido por la ley “no tiene límites” y dijo que se trata de territorios que, en sí mismos, “no son recursos hídricos”. 

“Los glaciares de escombros sí son recursos hídricos, pero se suele hablar de rocas que contienen aguas. El asunto es que las rocas de la cordillera, en un 90 o 95%, son de baja permeabilidad y hasta impermeables. Entonces, no pueden decir que ahí están las reservas de agua del país”, subrayó Lavandaio. Según su punto de vista, la protección de la ley debe limitarse a lo relevado por el Ianigla.

Argumentos en contra 

La geóloga Laura Zalazar es la la actual coordinadora del Inventario Nacional de Glaciares y sostiene que la protección del ambiente periglacial implica proteger hielo, es decir, agua dulce en estado sólido. 

“En el inventario se incluyeron glaciares de escombros, que son representativos del ambiente periglacial. Por ejemplo, si detectamos que el último glaciar de escombros llega a 3 mil metros de altura, es muy probable que por encima de esa altitud nos encontremos con un ambiente periglaciar y con hielo”, explicó Zalazar. Y agregó: “Puede que algún cuerpo de hielo no esté incluido en el inventario, pero eso no implica que no exista; desde la ciencia se trabaja con incertidumbre”.

Agostina Rossi Serra, especialista en Biodiversidad de Greenpeace Argentina, subrayó que en la Ley General de Ambiente se habla del principio precautorio. “Eso quiere decir que si vos tenés dudas, no podés destruir por precaución”, sostuvo. 

“El ambiente periglacial está compuesto por glaciares de escombros y distintas geoformas de las cuales una es el suelo congelado. Lo que está en debate es si ese suelo congelado tiene un aporte real o no a las cuencas. Y la respuesta es sí: hay estudios que indican que en años de sequía pueden hacer un aporte de entre 25 y 30% a los ríos que nacen de la cordillera”, subrayó. 

 

(Chequeado)

Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.

La Corte Suprema determinó que el Estado —nacional, provincial y municipal— debe implementar medidas concretas y coordinadas para frenar las quemas ilegales en el Delta del Paraná, en un fallo que reconoce una “crisis ecológica” por la persistente destrucción de los pastizales y la vulneración del derecho a un ambiente sano.

La sentencia, firmada por los jueces que integran el tribunal, responsabiliza al Estado Nacional, las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, y a los municipios de Rosario y Victoria. Declara que los incendios se originan mayormente en jurisdicción de Victoria (Entre Ríos), y resalta que no hubo avances reales en las políticas preventivas acordadas.

El fallo ordena la ejecución efectiva del PIECAS-DP, la instalación de sistemas de alerta temprana, la creación de una red de «Faros de Conservación», un plan sistemático de control y un manejo del fuego sustentable para el Delta. A su vez, enfatiza que la responsabilidad del seguimiento del plan recae exclusivamente en las autoridades políticas —no en la Justicia— lo que exige voluntad y recursos estatales.

La demanda original —presentada en 2020 por la Asociación Equística Defensa del Medio Ambiente— denunció los efectos del humo y el hollín en la ciudad de Rosario a raíz de las quemas indiscriminadas en las islas del Delta, que afectan la calidad del aire, la salud y los ecosistemas.

Según evaluaciones técnicas, durante los últimos incendios se quemaron más de 700.000 hectáreas, aproximadamente un 30 % del territorio del Delta afectado, en parte potenciado por la bajante histórica del río Paraná que dejó expuestos pastizales secos.

Con este fallo, el Delta —uno de los humedales más valiosos del país por su biodiversidad y su papel en regulación hídrica— vuelve al centro del debate público. La Corte cierra una etapa de impunidad: ya no bastan promesas, sino acciones concretas. El desafío será que las medidas se concreten y se sostengan en el tiempo para evitar nuevos desastres ambientales.

 

(Nota al pie)

La Fiscalía N°1 (Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1) de Campana pidió a la Municipalidad la totalidad de las actuaciones referentes a las habilitaciones del proyecto urbanístico «Bahías del Paraná

Es en relación a la Investigación Penal Preparatoria que está llevando adelante dicha Fiscalía por pedido de varias organizaciones ambientalistas de nuestra ciudad y zona (es la I.P.P Nº 18-00-003019-25.)

El cuestionado emprendimiento inmobiliario está ubicado en el predio sección islas de Campana (Partido 314), Sección 1, Fracción 6, lindero al Canal Santa María, al Parque Nacional Cierto de los Pantanos y con frente al Río Paraná de las Palmas.

La Fiscalía también pide a la Municipalidad que remita “asimismo constancias de fiscalización de la obra e informe si la misma se inició con la declaración de impacto ambiental, y todo otro dato de interés en relación a lo mismo.”

Al respecto fuentes de los grupos ambientalistas que iniciaron la acción legal, Ambientalistas Autoconvocados de Escobar aseguraron que “esta reticencia por parte del estado municipal para responder en tiempo y forma nos da indicios fuertes de que no existen tales permisos de construcción o al menos no están en regla. “

“Aunque el plazo legal para responder al oficio de la Fiscalía es de 30 días, ya estamos cerca de que ese plazo se venza y no aportaron los datos pedidos “

“Mientras tanto las obras siguen y la Municipalidad de Campana sigue sin responder los pedidos de información pública (fueron 2 pedidos, llevan meses sin responder), y que en ese contexto es muy urgente que exhiban la documentación” aseguraron 

Este pedido de la Fiscalía podría haber recaído al interior del organigrama municipal en el área a cargo del Arq. Jorge Bader, Director General de Planeamiento, Obras Particulares y Catastro.

Recordemos aquí que en una nota del 10/6/25 Periodismo Contrahegemónico compartió la información publicada en la página web de bahiasdelparana.com.ar/novedades .

En la misma se asegura que el Arq. Jorge Bader, que según la publicación habría participado de la reunión que se reseña, «destacó la importancia del proyecto dentro del planeamiento urbanístico del municipio.»

La empresa Brenna Desarrollistas, cuyo titular es Gerardo Brenna, está realizando trabajos que implican el secado del humedal y el talado masivo del bosque del lugar, en un predio de 273 ha. lindante con el Canal Santa María y el PN Ciervo de los Pantanos, en el partido de Campana en el marco del proyecto de Bahías del Paraná

Desde a mañana de este lunes 20 de octubre, la Lof Kaxipayiñ, que integra la Confederación Mapuche de Neuquén – Zonal Xawvnko, impide el ingreso de las maquinarias de la petrolera YPF a Loma la Lata, en la región de Vaca Muerta, en rechazo al proyecto (habilitado por el decreto 276/25 del gobierno de Neuquén) para que YPF instale más de 500 pozos de fracking en las inmediaciones de los embalses de la cuenca del Río Neuquén y en territorio de la comunidad Kaxipayiñ. «El proyecto de YPF para extraer petróleo perforando el Mari Menuco avanzó sin consulta previa y sin estudios de impacto ambiental. El pueblo mapuche no otorga su consentimiento al desastre planificado. A dos años del gobierno de Rolando Figueroa, la Confederación Mapuche de Neuquén repudia el incumplimiento del Relevamiento cerrado, las Personerías Jurídicas entregadas y la Consulta Previa aplicada», remarca la Confederación Mapuche de Neuquén.

Así lo anunció la Confederación Mapuche de Neuquén – Zonal Xawvnko en un comunicado: «hoy, lunes 20 de octubre, el Lof Kaxipayiñ impide el ingreso de las maquinarias de YPF a Loma la Lata en rechazo al proyecto que atenta contra el Lago Mari Menuco, la fuente de agua potable del conglomerado poblacional más grande de la Patagonia. La acción se realiza pese a las sucesivas órdenes de desalojo que emitió el Ministerio Público Fiscal ante las medidas llevadas las últimas semanas en el territorio comunitario», informan desde la confederación.
 

En la misma línea, agregan: «el Lof y el consejo zonal Xawvnko exigen el cumplimiento de los derechos que avasalla el decreto 276/25 del gobierno de Neuquén que autoriza que YPF instale más de 500 pozos de fracking en las inmediaciones de los embalses de la cuenca del Río Neuquén y en territorio de la comunidad Kaxipayiñ. El proyecto de YPF para extraer petróleo perforando el Mari Menuco avanzó sin consulta previa y sin estudios de impacto ambiental. La Confederación Mapuche de Neuquén denuncia a la ‘justicia’ neuquina por garantizar protección a la petrolera que preside Horacio Marín en lugar de fiscalizar el desastre ambiental que acumula, hoy apoyado por Rolando Figueroa y el jefe de fiscales de la provincia, José Gerez».

Para la confederación mapuche, se trata de «un entramado de alianzas entre el gobierno, la justicia, las empresas y los medios de comunicación, que escala desplegando niveles de violencia y abusos de poder como nunca antes en la provincia de Neuquén».

«En este contexto, – agregan – las comunidades de la zonal Xawvnko resolvieron profundizar las medidas en tanto el gobierno e YPF sostengan las amenazas y el proyecto que pone en peligro la fuente de agua mas importante de la región. La decisión de la Confederación se debatió en el xawvn (reunión) que realizaron la semana pasada durante uno de los bloqueos del camino que atraviesa el territorio del Lof Kaxipayiñ en dirección a los pozos de fracking de YPF».

«Se trata de una acción de fuerza mayor que reafirma que el pueblo mapuche no otorga su consentimiento al desastre planificado. A dos años del gobierno de Rolando Figueroa, la Confederación Mapuche de Neuquén repudia el incumplimiento del Relevamiento cerrado, las Personerías Jurídicas entregadas y la Consulta Previa aplicada», finaliza el comunicado de la Confederación Mapuche de Neuquén – Zonal Xawvnko.

 

(ANRed)

La editora del sitio informativo The New Lede de Estados Unidos detalla el papel de Monsanto en la industria agrícola desde 1998. La empresa, que fue comprada por la alemana Bayer, acumula juicios y condenas por su herbicida glifosato. Una nueva prueba, ahora de una investigación italiana, da cuenta del agrotóxico y su vínculo con el cáncer.

Han sido meses malos para Bayer, el fabricante del agrotóxico Roundup (marca comercial del glifosato). Cuando Bayer adquirió Monsanto (2018), heredó miles de demandas presentadas por personas que habían contraído linfoma no Hodgkin y lo vinculaban a su exposición al plaguicida. A mediados de junio, el Instituto de Investigación italiano Ramazzini publicó un nuevo estudio sobre el glifosato y sus posibles efectos cancerígenos. Los hallazgos fueron realmente alarmantes.

Daniel Mandrioli, del Instituto Ramazzini, lo resume: “Lo que descubrimos con nuestro estudio es que el glifosato y los herbicidas a base de glifosato provocaron leucemia y una serie de otros tumores en dosis que actualmente se consideran seguras”.

—¿Bayer estuvo ejerciendo algún tipo de presión contra Ramazzini?

—Daniel Mandrioli: Hace 15 años que trabajo acá y estos han sido los peores días. Nuestro objetivo es contar la verdad y enfrentar los problemas que nadie quiere enfrentar.

Hace años que Bayer intenta encontrar una salida a los litigios que enfrenta. En marzo, un juez de Georgia falló en contra de Bayer y ordenó una compensación de 2000 millones de dólares a favor del demandante. El hombre dijo que el cáncer que padece se debió a la exposición al agrotóxico que fabrica la compañía. En esta causa, la parte demandante es muy representativa de este tipo de casos: en ellos se alega que la exposición al Roundup es la causante de cáncer. En mayo, la compañía perdió una apelación ante un Tribunal Federal en Misuri, que falló a favor de los denunciantes (que recibieron 611 millones de dólares).

Bayer, agricultores y políticos

Bayer cuenta con el amplio apoyo de muchas de las principales organizaciones agrícolas de Estados Unidos. Estos grupos —varios de cuales reciben dinero de Bayer y otras empresas agroquímicas— dicen que el glifosato es una herramienta esencial para los agricultores, y que es necesario para cultivar los alimentos que “dan de comer al mundo”.

Kim Tom, agricultor y ex embajador de los Estados Unidos para la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), opinó que si se prohíbe el uso del glifosato aumentaría el precio de los alimentos. Lo contrario a lo que había prometido el presidente Donald Trump.

Monsanto introdujo sus agrotóxicos a base de glifosato en la década del setenta, y pronto se convirtieron en el herbicida más usado del mundo.

Es una coyuntura muy interesante en Estados Unidos, porque tenemos al gobierno de Trump tratando de atraer a un sector muy conservador, que históricamente apoyó la desregulación y la libertad corporativa, y que básicamente garantiza las ganancias de esta enorme industria agroindustrial.

ero por otro lado está el movimiento MAHA (Make America Healthy Again, “Hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable”). En un evento de mayo de este año, Robert F. Kennedy Jr. declaró: “Nunca se ha visto a un presidente, demócrata o republicano, que esté dispuesto a hacerle frente a la industria cuando eso sería lo correcto”.

Kennedy, un demócrata de toda la vida que ahora integra el Gobierno de Trump como secretario de Salud y Servicios Humanos, siempre ha criticado la contaminación ambiental, incluido el uso del glifosato, e incluso participó en algunos litigios contra Roundup: “Sabemos que Roundup está vinculado a todo tipo de enfermedades, al cáncer de colon, de riñón, y con muchísimos otros problemas”.

Se trata de una paradoja: la EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos) está dando marcha atrás con normativas ambientales rápidamente y, al mismo tiempo, hay esfuerzos por controlar las enfermedades crónicas y mejorar la salud de los estadounidenses, reducir el uso de plaguicidas y limpiar la cadena alimentaria. Todo está pasando al mismo tiempo.

Lo que posiblemente afecte a todos es el esfuerzo de Bayer y sus aliados en la industria agroquímica de introducir legislación que haría muy difícil, si no imposible, que la gente presente causas contra Bayer si se ven perjudicados por estos productos. En muchos estados las llaman “leyes de inmunidad”. Es muy importante seguir de cerca estos casos y la legislación que están impulsando estas empresas.

Fuente: Carey Gillam – The New Lead, un proyecto del Environmental Working Group

Traducido por Territorio de Ideas

/por Arturo Remedi

Según difundió la organización “Ambientalistas Autoconvocados”, el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, ubicado en las proximidades de la ciudad d Campana “se encuentra amenazado” por las obras que en sus cercanías realiza la empresa Brenna Desarrollistas a cargo del Lic. Gerardo Brenna Gil, CEO de la empresa señalada

Aquí el comunicado de referencia:

“Alerta ambiental! El Parque Nacional Ciervo de los Pantanos está siendo amenazado.

La empresa Brenna está desarrollando el megaemprendimiento «Bahías del Paraná», destruyendo 300 hectáreas de humedales protegidos mediante desmontes, rellenos y terraplenes, sin contar con autorizaciones ambientales.

Las graves irregularidades: el Estado municipal y provincial no brinda información sobre permisos, incumpliendo la ley.

El juez federal de Campana, González Charvay se niega a paralizar las obras, a pesar de la falta de permisos.

Hay una clara complicidad estatal que permite este ecocidio.

Mientras las topadoras avanzan, destruyen un ecosistema vital junto a un Parque Nacional.

Es urgente actuar para detener esta destrucción ilegal de nuestros bienes comunes.”

Fuente: https://www.instagram.com/p/DOMJ8eeDh2T/? igsh=NGZnZnczdW5sOHN3”

“Entran al Parque Nacional sin permiso y demarcan un camino para Bahías del Paraná “

En efecto, según las declaraciones de Pablo Varela, uno de los referentes de Ambientalistas Autoconvocados“presentamos una denuncia penal en junio, en la cual denunciamos presunto daño agravado como consecuencia  de la destrucción de humedales, que son ecosistemas vitales para la sociedad y por ende bienes de dominio público, También hemos denunciado una presunta  usurpación del dominio público, ya que la empresa pretende realizar un camino por el medio del Parque Nacional para acceder al barrio náutico que piensan construir. Ellos lo llaman “Bahías del Paraná “. 

Al respecto Varela aseguró que según consta en la denuncia, el personal del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos labró un acta de infracción en la cual se describe que “se ha encontrado al Ingeniero Amores (1) junto a personal contratado colocando estacas, marcando la traza del camino con motosierras, talando árboles dentro de la jurisdicción del Parque Nacional sin ningún tipo de autorización “

“En tanto en la Justicia Provincial, en este caso el Fiscal Alejandro Irigoyen de la UFI N° 1, se está tramitando la denuncia por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de funcionarios municipales de Campana, ya que a pesar de conocer la situación no accionaron para detener las obras. Hasta el momento, ni el municipio de Campana ni la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires han exhibido ningún permiso para el proyecto. Todo hace suponer que los desarrolladores (Brenna) no tienen los permisos ambientales de ley”

“En esta parte de la causa, por incumplimiento de deberes,nos aceptaron como particular damnificado, o sea que podemos impulsarla”.

“Quiero destacar que el Fiscal Irigoyen consideró oportuno acompañar lo solicitado por nosotros, es decir la paralización de las obras “

“Por otro lado, la denuncia por daño agravado y usurpación fue girada por cuestión de competencia al Juzgado Federal de Campana a cargo del juez Gonzales Charvay, quien es el que debe entender lo relacionado al Parque Nacional y al daño a los ecosistemas“

“En el contexto de esta denuncia hicimos un pedido de medida cautelar para paralizar las obras. Aún el Juez Gonzalez Charvay no la ha tratado, a pesar de que, a más dos meses de presentada, los permisos ambientales siguen sin aparecer. Desde nuestro punto de vista esta actitud comporta poco compromiso con los principios de precaución y prevención en materia ambiental y una dilación injustificada que aumenta innecesariamente el riesgo de agravar el daño ambiental ya producido.“

Finalmente, Varela resaltó “la importancia del involucramiento de la sociedad civil a la hora de defender a los bienes comunes”, y destacó “el gran trabajo y compromiso de los abogados intervinientes Fabián Maggi, Gimena Viviani y Manuel Petruzela.”

(1) Ingeniero Gabriel Amores Director del Proyecto Bahías del Paraná

 

 

Memoria, lucha y festejo” es la consigna que resume este agosto en el pueblo neuquino de Las Coloradas, donde hace una década frenaron la instalación de un proyecto minero en las nacientes del río Catán Lil. Con organización comunitaria, movilización en las calles, concientización y defensa de sus derechos, lograron proteger el territorio y decidir su forma de vida. Democracia real y una comunidad que hizo historia.

La tranquilidad se rompió en junio de 2015. El Boletín Oficial de Neuquén anunciaba la llegada de una empresa minera trasnacional. Buscaba oro, cobre y molibdeno, y se ubicaría en las nacientes del río Catán Lil. Ya nada fue igual en Las Coloradas, un pueblo de mil habitantes del oeste provincial. La noticia corrió, comenzaron a juntarse vecinos, nació una asamblea, hubo movilizaciones, presentaciones judiciales y exigieron el cumplimiento de sus derechos. “El río es nuestro alimento”, definió una abuela y se transformó en bandera de lucha. Y lograron lo que parecía imposible: echar a la minera.

Los sauces, álamos, olmos y acacias de las calles de Las Coloradas fueron testigos de la gesta. No hay asfalto en este lugar donde sobra memoria (mucha de ella mapuche) y se llenó de acción colectiva. Ubicado a 110 kilómetros al sur de Zapala, el pueblo se caracteriza por su tranquilidad y, en su veintena de manzanas, se hace realidad el dicho popular: todos se conocen. Por eso no fue difícil difundir la noticia aquel junio de 2015: la empresa Southern Copper Corporation (subsidiaria de la multinacional “Grupo México”) pretendía explotar el cerro y llevarse minerales. El proyecto había sido bautizado “La Voluntad” y estaba ubicado en un área conocida como “Las Nenas”, en la Sierra de Catán Lil.

Las voces coinciden en que, por casualidad, fue Martín Guttle, el cura del pueblo, quien se enteró de la novedad, mientras escuchaba la radio. Leían el Boletín Oficial de Neuquén y daban cuenta de la llegada de la megaminería. “La resistencia del pueblo de Las Coloradas fue rápida y se dio gracias al accionar conjunto de comunidades mapuche, vecinos autoconvocados y referentes sociales. Juntos lograron frenar el emprendimiento de la multinacional Grupo México”, recordó Guttle, activo participante y protagonista de la gesta, y que aún vive en el lugar.

La lucha unió a las familias de Las Coloradas, a las comunidades mapuches de la zona (Cayulef, Rams, Namuncurá, Cayupán, Felipín y Paineo), a sectores de la Iglesia Católica y a las asambleas y organizaciones de Junín de los Andes, Loncopué y Neuquén capital. No fue casual: eran recientes los debates y acciones respecto a Vaca Muerta y la votación histórica contra la megamineria en Loncopué, donde más del 80 por ciento de la población dijo “no” al extractivismo.

En una de las primeras asambleas, cuando comenzaron a explicarse las consecuencias de la megaminería, doña María Silva (histórica pobladora del lugar) tomó la palabra y aportó un argumento irrefutable de por qué rechazar a la empresa: “El río es nuestro alimento”. Y no se puede poner en riesgo al río. Se transformó en bandera de lucha, pintada en las paredes, frase de destacada en los folletos y hasta en título de un documental.

“La resistencia se cimentó en una profunda crítica al modelo de megaminería. Los vecinos y organizaciones documentaron exhaustivamente el historial de Southern Copper Corporation en Perú y México, que incluyó graves contaminaciones de agua, aire y suelos con metales pesados como cobre, plomo, mercurio, zinc, sílice y cianuro, así como afectaciones a la salud (enfermedades broncopulmonares, cáncer) y daños a la flora y fauna. Se destacó que la empresa fue condenada por tribunales internacionales por contaminación y sobornos”, precisa el documento que resume la convocatoria a conmemorar los diez años de aquel triunfo.

Acciones en todos los frentes

Ante la pasividad de las autoridades provinciales y municipales, los vecinos y vecinas de Las Coloradas tomaron la iniciativa. El 22 de junio de 2015 se reunieron y constituyeron la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Las Coloradas y del Departamento Catán Lil.

Desde el primer comunicado, la Asamblea fue clara en sus exigencias: rechazaban “todo proyecto que atente contra la pureza del agua del Catán Lil y sus afluentes perjudicando todo el ecosistema” y demandaban “información clara y accesible” y la “consulta previa, libre e informada que establece el Convenio 169 de la OIT (Ley nacional 24.071) para con los pueblos indígenas”.

Las acciones concretas durante aquel 2015 se multiplicaron:

• Movilizaciones: el 9 de julio se manifestaron en la Plaza San Martín de Las Coloradas. El 12 de julio participaron en una marcha en Zapala. Y el 18 de julio realizaron una volanteada local.
• Festival “No a la Mina”. El 7 de agosto de 2015 se realizó un festival y una “gran marcha en repudio de la megaminería en el Departamento Catán Lil”. Reunieron a más de 300 personas en una localidad de mil habitantes. La manifestación incluyó la participación de asambleas de Junín y San Martín de los Andes, Loncopué, Aluminé, Zapala y la capital provincial, así como todas las comunidades Mapuche de la región.
• Peticiones populares. El 1 de septiembre de 2015 se entregó una carta al intendente Lucrecio Varela (quien aún sigue en el cargo) donde se expresó la “muy mala reputación” de Southern Copper en cuanto a contaminación y uso abusivo del agua. El 16 de septiembre se presentó un petitorio con 393 firmas de pobladores del Departamento Catán Lil, más del 50 por ciento del padrón electoral. Se exigió al Intendente que se opusiera al proyecto minero.

Poder Judicial y Legislativo

Los vecinos autoconvocados presentaron, el 22 de julio de 2015, un recurso de amparo ante el Juzgado de Zapala. Solicitaron la suspensión de la audiencia pública del 12 de agosto. Fue vital el trabajo del joven Germán Zúñiga, joven abogado local del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa). 

Los tribunales, fuera de su común práctica, actuaron con celeridad. El 27 de julio, el Poder Judicial hizo lugar a la medida cautelar solicitada y dispuso la suspensión de la audiencia pública. El 10 de agosto, la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible provincial ratificó la suspensión.

Luego, la Comisión Municipal de Las Coloradas aprobó la Ordenanza 174/2015 que establece: “No autorizar en el ámbito jurisdiccional de Las Coloradas todo tipo de actividad minera, ya sea bajo o sobre la superficie terrestre que resulte ‘contaminante’ para cualquier ser vivo, ya sea humano, animal, vegetal e hídricos”. Además, ordenó “no alterar los recursos naturales como ríos, arroyos y todos tipos de afluentes que nutre al río Catán Lil”.

Las Coloradas celebra

“No se trata solo de luchar, también hay que saber gozar de los logros con alegría y memoria”, explica Martín Guttle para graficar por qué este sábado 16 de agosto habrá actividades en Las Coloradas. Se congregarán comunidades indígenas, asambleas socioambientales, estudiantes y docentes, sindicatos, artistas y vecinos y vecinas de a pie, sin participación en organizaciones. La jornada se iniciará con una celebración mapuche en la costa del río, habrá un desayuno comunitario en el SUM Municipal, feria de artesanos, una marcha por las calles del pueblo y charlas-debate. Se pintará un mural sobre el cuidado del agua, habrá un homenaje a Luis Mercurio (histórico activista contra el extractivismo), plantarán un árbol en memoria de la lucha colectiva y finalizará con música y baile.

“Será un encuentro de celebración y de memoria colectiva”, resume la convocatoria de la Asamblea. Eduardo Galeano escribió: “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”.

Las Coloradas, ese pequeño pueblo de la Patagonia de Argentina, ya se inscribe en las victorias populares contra el extractivismo. Y, al mismo tiempo, es un testimonio vivo del poder de la organización comunitaria en la defensa del agua, la tierra y la vida.

Fuente: Dario Aranda – Agencia Tierra Viva

El proceso judicial es el primero de su tipo en el país contra la multinacional y busca la reparación por daños perjudiciales a la salud de trabajadores agrícolas y consumidores expuestos al glifosato.

La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) presentó una demanda colectiva que exige una compensación de 200 millones de pesos por demandas de pacientes diagnosticados con cáncer, tras una prolongada exposición al herbicida Roundup, comercializado por Bayer/Monsanto.

El centro de la controversia es el glifosato, componente principal del herbicida Roundup, que ha sido clasificado en un informe por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 2015 como «probablemente cancerígeno para los seres humanos» (Grupo 2A).

La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), que llevó a cabo esta clasificación, basó su conclusión en «evidencia limitada» de cáncer en humanos y «evidencia suficiente» en animales de experimentación, además de fuerte evidencia de genotoxicidad tanto para el glifosato puro como para sus formulaciones.

Asimismo, los estudios epidemiológicos revisados por la IARC mostraron aumentos en las tasas de cáncer en entornos ocupacionales expuestos a herbicidas con glisofato, particularmente el linfoma no Hodgkin.

Pese a estos antecedentes y aunque la importación del herbicida está prohibida en Chile, el stock existente del producto pudo seguir a la venta, exponiendo a más personas a un riesgo conocido.

Testimonios de personas afectadas en Chile revelan la crudeza de la situación: Luis, un extrabajador agrícola de la Región del Maule, relató: “Yo usé ese producto durante años… Hoy tengo cáncer y ya no puedo trabajar. No es justo”.

María, esposa de otro afectado, compartió que su esposo fue diagnosticado hace un año, tras trabajar sin protección en campos donde se rociaba Roundup.

La demanda colectiva de Odecu fue declarada admisible hace tres años por el 22° Juzgado Civil de Santiago, pero su avance es lento; lo que contrasta con la realidad en otros países: en Estados Unidos, Bayer ya ha compensado a 127 mil afectados con cerca de 11 mil millones de dólares, recibiendo cada víctima en promedio alrededor de 100 mil dólares como indemnización.

Ante este escenario, el senador Juan Luis Castro (PS), presidente de la Comisión de Salud del Senado, calificó la situación como una «deuda ética con los ciudadanos» e instó al Estado a no «mirar hacia otro lado».

Asimismo, Stefan Larenas, presidente de Odecu, enfatizó que «Bayer ya reconoció su responsabilidad en el mundo. Chile no puede ser el último en reaccionar«.

Odecu no solo exige la reparación urgente de las víctimas, sino que también demanda una reforma profunda en la forma en que Chile regula las sustancias químicas peligrosas.

Entre sus principales solicitudes figuran la aceleración de la tramitación de la demanda colectiva, el reconocimiento oficial de los afectados por glifosato como víctimas de daño sanitario, y el fortalecimiento de la regulación de químicos bajo criterios preventivos y éticos.

Fuente: Telesur/El Ciudadano/BioBio

*Agroquímicos en Zárate: el vacío legal que preocupa*

Zárate es uno de los pocos distritos de la provincia que no cuenta con una ordenanza específica para regular el uso de agroquímicos. Esta situación genera un vacío legal preocupante: no existen normas claras que establezcan hasta dónde se puede fumigar ni qué distancias deben respetarse respecto de zonas urbanas, escuelas o espacios habitados.

Frente a esta realidad, el Partido Justicialista de Zárate y su Mesa de Medio Ambiente invitan a participar de una charla abierta por Zoom, que se realizará el próximo miércoles 14 de mayo a las 9:00 hs, con la participación especial de Javier Souza Casadinho, ingeniero agrónomo y Magíster Scientiae en Metodología de la Investigación Científica y Social, reconocido por su trayectoria en temas de agroecología y salud ambiental.

El encuentro se enmarca en un ciclo de actividades que impulsa el PJ Zárate con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos que enfrenta nuestra ciudad y pensar políticas públicas con planificación y compromiso. Hace pocos días se llevó adelante un conversatorio sobre los proyectos Atucha y CAREM, vinculados al desarrollo de la energía nuclear, y en esta oportunidad el eje estará puesto en el ordenamiento ambiental y la necesidad de actualizar la regulación vigente.

“El problema no es el campo ni la actividad rural, que son parte del desarrollo de Zárate. El problema es la falta de reglas claras. Necesitamos un nuevo código de planeamiento y una ordenanza que ordene y proteja”, señalaron desde el PJ.

Cabe destacar que el año pasado, desde el bloque de concejales justicialistas, se presentó un proyecto de ordenanza para la regulación del uso de productos químicos en el distrito. Sin embargo, el oficialismo impidió su tratamiento en el recinto.

“Seguiremos impulsando estos espacios de formación y diálogo, convencidos de que el desarrollo local solo será posible si está acompañado por políticas responsables y participativas.”, concluyeron.

Invitamos a todos los vecinos y vecinas a sumarse a esta charla abierta, para compartir sus ideas e inquietudes.

La presión popular a través de vecinos, organismos, abogados y quienes se sumaron a la campaña Contaminar es Delito, permitió que finalmente llegaran los resultados de laboratorio de dos análisis de muestras de suelo tomadas por la Policía Ecológica en Exaltación de la Cruz en 2022.

Tras las denuncias por fumigaciones ilegales (violación de la orden cautelar vigente de respetar los 1.000 metros de distancia de poblaciones, escuelas y cursos de agua en el municipio), las muestras analizadas por el laboratorio del INTA-Balcarce arrojaron la presencia de múltiples partículas de agrotóxicos en dos barrios del partido: Comarca del Sol (corredor de la ruta 8) y Los Cardales, en pleno casco urbano.

En el caso de Comarca, se detectaron cinco agrotóxicos: glifosato, tetrametrina, metolaclor, atrazina y Atz-OH (metabolito de la atrazina). En cuanto a Los Cardales, se detectaron 10 agrotóxicos en el patio de una vivienda: glifosato, AMPA (metabolito del glifosato), piperonil butóxido, clorpirifos (actualmente prohibido), tetrametrina, imidacloprid, atrazina, Atz-OH (metabolito de la atrazina), epoxiconazol y metolaclor.

Las fumigaciones ilegales constituyen un atentado a la salud pública. Durante estos últimos tres años, estos estudios fueron cajoneados, y finalmente ahora pudieron salir a la luz. El INTA-Balcarce utilizó el método analítico (UHPLC-MS/MS) con el programa Masslynx 4.1 (Waters Corporation). Los resultados pueden buscarse en las redes de la asamblea Exaltación Salud.

Al darse dentro del marco de investigaciones judiciales, algo inédito en nuestra lucha, los resultados tienen una doble importancia. Señalan lo que venimos sosteniendo hace años: la comunidad de Exaltación de la Cruz se encuentra contaminada por niveles de distintos agrotóxicos que actúan de manera sinérgica y que contribuyen a enfermedades crónicas no transmisibles. El derecho a la Salud y a vivir en un Ambiente sano (derechos humanos reconocidos internacionalmente) están siendo vulnerados por el modelo del agronegocio. Las moléculas detectadas son directamente utilizadas por el agronegocio como insumo para su forma de producción.En cuanto a la causa de Los Cardales, se originó a raíz de una denuncia a Kevin Rossiter, de la familia Rossiter; familia que no sólo ha sido denunciada en Los Cardales, sino también en el partido de Campana, incluyendo una fumigación a la escuela N°6 José Hernández.

Seguimos esperando que estas causas avancen y esperamos los resultados de dos muestras más, realizadas en otras causas. Se recuerda que, hace unos meses, la escuela N°5 de Parada La Lata, cercana a Capilla, fue fumigada ilegalmente por la compañía Adecoagro, así como se denunciaron fumigaciones ilegales en la localidad de Etchegoyen. Estas violaciones constantes a la orden cautelar de 1.000 metros son posibles por el casi nulo accionar del Ministerio Público Fiscal y por el inexistente control por parte del Municipio.

Los resultados de los análisis son el primer paso para demostrar judicialmente el gran daño que los agrotóxicos ocasionan en la sociedad. Seguiremos presionando.

Cabe recordar que como grupo hemos recusado al fiscal Juan Manuel Esperante por no mover las causas judiciales, así como lo hemos denunciado por incumplimiento en sus deberes de funcionario público. Luego, el fiscal Gutierrez operó de manera similar, haciendo pasar el tiempo sin activar las causas, es decir, sin hacer su trabajo. Después de presentar notas judiciales exigiendo el movimiento de causas y señalando la inacción de Gutierrez, las causas pasaron a Alejandro Irigoyen, quien tampoco hizo mucho. A Irigoyen también se lo ha denunciado por incumplimiento en su deber de funcionario público, y se ha pedido su recusación.

Finalmente, las causas están pasando a un cuarto fiscal, Matías Ferreiros.

Se hará Justicia.

¡Paren de fumigarnos!

¡Agroecología Ya!